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Ciudad de México, 14 de MAYO de 2018

El presidente del TSJCDMX así lo expresó al inaugurar un seminario internacional sobre derechos humanos y derecho penal, dirigido a los operadores jurídicos del órgano judicial capitalino.

Se debe reconocer, dijo, que la mayoría de víctimas de crímenes internacionales simplemente han quedado en el olvido, aunado a que pocos responsables han respondido ante la justicia.

Al encabezar la inauguración del seminario Los derechos humanos y el derecho penal internacional, elementos para la incorporación de estándares en la práctica judicial mexicana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, reconoció que la impartición de justicia tiene el gran reto de lograr que los individuos respondan por sus crímenes.

En el auditorio Miguel Gilbón Maitret del Instituto de Ciencias Forenses, donde magistrados, jueces y demás operadores jurídicos del órgano judicial reciben este lunes y martes elementos para incorporar en la práctica judicial mexicana tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho penal, el magistrado dijo que tem-pestades como la Segunda Guerra Mundial son testimonio de la importancia de normas jurídicas realmente justas, que protejan a cabalidad la dignidad y la libertad.

Puntualizó también la importancia de contar con un sistema de justicia capaz de frenar la impunidad y sancionar a quienes transgreden la ley, al recordar que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en el Siglo XX se registró la peor violencia en la historia universal, al presentarse 250 conflictos en el mundo y la muerte de 86 millones de personas, principalmente menores de edad y mujeres.

Con la presencia de Héctor Olasolo Alonso, presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya, Pérez Juárez comentó que, asimismo, se debe reconocer que la mayoría de víctimas de crímenes internacionales simplemente han quedado en el olvido, aunado a que pocos responsables han respondido ante la justicia.

“Lastimosamente, la lacerante vileza del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, tan perceptibles en las miradas y en las vidas de las víctimas, son la voz que llama a poner fin a estos actos que nos denigran como humanidad”, planteó el también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

Abundó que el estado de derecho está a prueba de manera permanente en la tutela de los derechos, y que esto se traduce en que las personas puedan vivir con libertad y plenitud.

Asimismo, recordó que la Corte Penal Internacional ha reconocido que en las últimas décadas las violaciones más graves de derechos humanos han ocurrido dentro de los Estados.

Agradeció a los participantes en el seminario, y destacó su compromiso permanente para consolidar un sistema de impartición de justicia capaz de sancionar a los responsables de actos que atenten contra la dignidad y la libertad.

En su oportunidad, Olasolo Alonso, quien también es catedrático de derecho internacional de la Universidad del Rosario, en Colombia, advirtió que este es un momento decisivo para la incorporación en la práctica judicial mexicana de los estándares recogidos en el derecho internacional para la persecución efectiva de crímenes internacionales.

Reconoció que los legisladores mexicanos han avanzado considerablemente en la incorporación en el ámbito interno de la normativa penal internacional relativa a algunos de los más importantes crímenes en el mundo, y que prueba de ello es la aprobación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada y las relativas a tortura y las que garantizan los derechos de las víctimas.

En la inauguración también participaron Ronald Gamarra Herrera, fiscal peruano para el caso del enjuiciamiento del ex presidente Alberto Fujimori; Karla Quintana Osuna, directora de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador de Investigación de I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Durante el seminario se abordan temas como la autoría mediata en aparatos organizados del poder en el contexto mexicano, investigación de violaciones graves a derechos humanos, incorporación de delitos internacionales en el sistema normativo local, la aplicación en el país de estándares del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos, entre otros.