Poder Judicial Accesible

Ciudad de México, 21 de marzo de 2018

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México así lo subrayó en el marco del Programa para la Debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal.

Planteó la necesidad de emprender acciones para prevenir y sancionar eficazmente actos de corrupción que lastiman a personas e instituciones.

Al advertir que la corrupción debilita la credibilidad de las instituciones y el estado de derecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, enfatizó que el Poder Judicial capitalino tiene un compromiso permanente contra este fenómeno trasnacional y la impunidad.

Al pronunciar un discurso en el marco del Programa para la Debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal, planteó la necesidad de emprender acciones para prevenir y sancionar eficazmente actos de corrupción que lastiman a personas e instituciones.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, consideró que el combate a la corrupción debe fortalecer las medidas de prevención y sanción efectivas, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

Con la presencia del secretario de Gobierno de la administración capitalina, José Ramón Amieva Gálvez, el magistrado recordó que, sin lugar a dudas, uno de los pilares republicanos más importantes es la de evitar y sancionar los actos de corrupción.

Por ello, abundó, “reconocemos y celebramos la consolidación de un nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal”.

Destacó que, en el marco de los trabajos legislativos relativos a la reforma en materia de combate a la corrupción, se incorporaron propuestas de la sociedad civil y la academia, tendentes a fortalecer los mecanismos para prevenirla, identificarla y sancionarla mediante el Sistema Nacional Anticorrupción.

Añadió que el Poder Judicial capitalino se suma a los trabajos para lograr una capacitación en materia de combate a la corrupción que permita homologar criterios y esfuerzos que robustezcan la responsabilidad democrática, lo que implica lograr el objetivo fundamental de dar transparencia total a los actos públicos que den certeza y confianza a la ciudadanía.

El magistrado destacó el trabajo legislativo generado en la Ciudad de México para fortalecer los mecanismos de prevención y los instrumentos de rendición de cuentas, tales como el sistema de evolución patrimonial, la declaración de intereses, la constancia de presentación de declaración fiscal, la plataforma digital para las personas servidoras públicas que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, entre otros.

Subrayó que el Poder Judicial capitalino es un inquebrantable aliado comprometido con la ciudadanía, con el estado de derecho y con el nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal de las personas servidoras públicas y particulares vinculados.

En representación del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, el secretario de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, destacó: “Los valores y la vocación quedan como un ejercicio público, pero sobre todo como una interiorización de lo que queremos y aceptamos cuando nos dedicamos a esta noble actividad, que es el trabajar para la ciudadanía a través de un gobierno”.

En su oportunidad, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que la corrupción ha carcomido las instituciones de la República, y abundó que no hay algo más lamentable que la pérdida de legitimidad de estas.

A su vez, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, David Vega Vera, se pronunció por sí combatir y sancionar la corrupción, pero también por prevenirla, y consideró que esto empieza por la capacitación.

En tanto, el contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, se refirió a la necesidad de redoblar esfuerzos para que las instituciones involucradas en el tema logren que se recupere la confianza de la sociedad en las instituciones.

Por su parte, el procurador general de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, informó que la dependencia a su cargo contará con una nueva fiscalía dedicada específicamente a investigar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares.

En el acto también participó el coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Sergio Huacuja Betancourt, quien impartió la primera de las conferencias en el marco de los trabajos del Programa para la Debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal