Ciudad de México, 15 de junio de 2023.

 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció una estrategia disruptiva que termine con las viejas prácticas ineficaces que limitan una justicia pronta y sumaria rompiendo así paradigmas a través de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

En reunión con la senadora Olga Sánchez Cordero; del ex senador y actual gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; de la diputada Aleida Alavéz Ruiz, y del diputado Felipe Macías Olvera,  así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Guerra Álvarez dijo que al implementar el CNPCF se tendrá que acatar los artículos transitorios que ordenan a los congresos locales la asignación de recursos así como la prohibición de incremento en presupuesto de servicios personales, limitación en las estructuras orgánicas, salariales y ocupaciones a movimientos compensables.

Dijo que se cuenta con 60 días, a partir de la publicación del código, para la instalación de una comisión de coordinación de 90 personas, desde Secretaría de Gobernación, que se encargará de vigilar el proceso de su puesta en marcha.

Reiteró que no se debe olvidar la autonomía de los poderes judiciales y se debe proteger con partidas presupuestales adicionales para poder consolidar la implementación que entrará en vigor de manera progresiva y a más tardar el 1 de abril de 2027.

Durante el proceso, Guerra Álvarez aclaró que se debe capacitar a las personas servidoras públicas a través de docentes con experiencia práctica nacional e internacional, hacer una transición sin molestar a las y los usuarios, así como la creación de un sistema de gestión que divida el trabajo administrativo del jurisdiccional.

Enfatizó en que se cuenta con cuatro años para lograr la capacitación, difusión, edificación de infraestructura, reformas legales y otras medidas medidas para implementar el nuevo código a fin de consolidar un sistema de impartición de justicia abierta.

Estuvieron también presentes las y los titulares de los poderes judiciales de Aguascalientes, Juan Rojas García; de Coahuila, Felipe Mery Ayup; de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría; de Morelos, Luis Gamboa Olea; de Querétaro, Mariela Ponce Villa, y de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, así como representantes de los órganos judiciales de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Chiapas y Baja California.