Ciudad de México, 10 de octubre de 2019

Durante la clausura del Foro: La Capacidad Jurídica en la impartición de Justicia en la Ciudad de México que se desarrolló este 8, 9 y 10 de octubre en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), Geraldina González de la Vega, resaltó la participación en el mismo de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sobre todo de juzgadoras y juzgadores “quienes tienen la responsabilidad en la ciudad, de hacer efectivo y garantizar los derechos de todos,” y a quienes pidió reconocer que “se cuenta con un sistema de interdicción a todas luces no solo inconstitucional, sino inconvencional, que no debería de seguir existiendo”.

Tras dar cuenta de las conclusiones del Foro, se congratuló de participar a través de Copred “para contribuir a que en la Ciudad de México exista una impartición de justicia libre de discriminación”. Señaló que para acceder a la justicia las personas con discapacidad necesitan de ajustes razonables, como sentencias en versión sencilla, intérpretes, documentos accesibles, explicación de lo que sucede en la audiencia. “Estos ajustes razonables son una obligación, no son un favor, son obligaciones que se desprenden de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2006”.

Durante la jornada de este jueves se contó con la participación de la coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de la Organización Civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C, Diana Sheinbaum Lerner, quien señaló que a través de su organización se intenta cambiar las normativas que consideran que no van de acuerdo con un sistema de justicia garantista.

Al respecto, dijo que desde esta asociación se está realizando un trabajo de incidencia internacional para obligar al Estado mexicano a modificar sus regulaciones.

Asimismo, los consultores técnicos integrantes de la organización civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Nadia Karina Franco García y Víctor Manuel Lizama Sierra, expusieron de manera conjunta un análisis de los casos en los que intervienen las y los consultores técnicos en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Resaltaron la toma de conciencia y las buenas prácticas a partir del programa “Hacia un sistema de Justicia Incluyente”, como el trato digno a las personas con discapacidad respetando su diversidad y la humanización del sistema de justicia penal.

Al respecto, el Juez de Control Mauricio Lozoya Alonso, local brindó un agradecimiento a la labor de los facilitadores porque de esa forma las personas con discapacidad saben que no están solas en su proceso penal, además de garantizar el reconocimiento de su capacidad y personalidad jurídica.

Finalmente, el visitador Adjunto de la Dirección General de Atención a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Gustavo Hernández Rivera, expresó que el reconocimiento de los derechos de las personas con alguna discapacidad en México es un asunto que no solo se tiene que garantizar en la ley, sino también en la parte administrativa, por lo que se deben implementar políticas públicas que apoyen y salvaguarden estos derechos.