PJCDMX MANTIENE IMPULSO HACIA JUSTICIA TERAPÉUTICA EN TORNO A LAS ADICCIONES
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2023
El encarcelamiento ya no es la solución para la reducción de la delincuencia ni la baja en reinserción de las personas; sin embargo, la justicia terapéutica es una herramienta que el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, impulsa como medio para avanzar hacia una justicia social más humana en torno a las adicciones, así lo afirmó la magistrada de la Cuarta Sala Penal de este órgano judicial, Leticia Rocha Licea.
Durante el primer Congreso Nacional de Salud Mental y Adicciones, Rocha Licea dictó la ponencia Hacia una política de salud en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde dijo que el PJCDMX recibe de manera anual, aproximadamente 60 mil asuntos relacionados con el delito de narcomenudeo, de los cuales entre 10 mil y 14 mil podrían ser atendidos a través de justicia terapéutica.
“Una política criminal de mano dura o tolerancia cero que se enfoque exclusivamente en el incremento de las penas o la irracional tipificación de delitos, o todavía más grave en la reducción de la edad para que los adolescentes ingresen al sistema penal de adultos no es la mejor opción”, señaló.
A partir del derecho a la dignidad humana y los cambios de paradigma en la justicia criminal, “se busca que haya una reconciliación a partir de que se atienda el daño causado, y respecto a las personas consumidoras de alguna sustancia psicoactiva, se pretende erradicar la estigmatización que ha llevado a criminalizar a los consumidores para adecuarlo a mecanismos de atención de su salud que les permita tener un cambio de vida”, explicó la magistrada.
En esta institución se encuentran tres áreas de oportunidad bajo el enfoque de salud mental:
1. Un programa de apoyo emocional y psicológico
2. La adecuación de programas de profesionalización
3. Capacitación de jueces y magistrados, así como personas servidoras públicas de carrera judicial.
Rocha Licea se pronunció por el fortalecimiento del derecho social en donde exista una coordinación interinstitucional, así como el apoyo de las áreas de reinserción y la sociedad civil.